La inmadurez y la menor experiencia vital de los menores los sitúan en una situación de desventaja para afrontar el paso por un procedimiento penal; y ello, a pesar de que son remitidos a un sistema especializado que en principio trata de realizar adaptaciones. Estas adaptaciones impulsadas por las instituciones internacionales de protección a la infancia, como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, han desarrollado recientemente nuevos estándares más exigentes para garantizar los derechos de información, representación, participación y protección.
No obstante, la implementación de las especialidades en la justicia juvenil no es perfecta. Se ha constatado que los jóvenes que se ven inmersos en un procedimiento penal como investigados o acusados tienen dificultades a lo largo del procedimiento para comprender lo que está sucediendo y qué se espera de ellos. Y aunque los profesionales se muestran preocupados porque los menores participen y solícitos a dar explicaciones sobre la toma de decisiones, algo parece fallar en el sistema porque los menores se muestran tensos y, a pesar de estar atentos y expectantes a lo que está sucediendo, interactúan escasamente y apenas se atreven a expresar su opinión. Esto es especialmente manifiesto en los procesos de conformidad con la propuesta del Fiscal, una práctica muy extendida en todo el sistema penal y, especialmente, en la justicia juvenil en la que parece haber una cierta inercia por las ventajas que se le presumen a estos procedimientos que se resuelven rápidamente. En estos casos, se ha constatado que los menores cuando se conforman no son conscientes de con qué se conforman y qué implicaciones va a tener esto a corto-medio plazo en sus vidas. Muchos de los jóvenes que se han conformado con la petición del fiscal comprenden qué implica “conformarse” cuando ya están cumpliendo la medida y esta sensación de no comprender afecta negativamente a la imagen que los jóvenes generan sobre las autoridades legales y sobre la legitimidad del sistema penal en general. De ahí que las instituciones europeas publicaran la Directiva 800/2016 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales en donde se apelaba a que los profesionales de los sistemas de justicia juvenil europeos informen a los menores de porqué se les está procesando, cuáles son los derechos que les asisten, cuál es su papel en el proceso, qué opciones tienen y cuáles son las consecuencias de las distintas decisiones que puedan adoptar. Esta explicación, insiste la Directiva, deberá realizarse en lenguaje claro y a través de materiales adaptados que, de manera accesible, garanticen una buena compresión. Sin embargo, la transposición de la directiva europea a nuestro ordenamiento no se ha producido y no se ha llevado ninguna iniciativa al respecto.
Así las cosas, y siendo conscientes del llamamiento por parte de las instituciones europeas, el proyecto JusTo puso en marcha la iniciativa Hablemos Claro, un paquete de documentos accesibles destinados a los menores que se ven inmersos en un procedimiento penal, para que conozcan los distintos trámites procesales por los que van a pasar a lo largo del procedimiento, así como los derechos que les asisten en cada fase. Hasta la fecha, se ha desarrollado ya el primer paquete de trabajo sobre los derechos y trámites en sede policial y, a juzgar por los hallazgos obtenidos, es necesario desarrollar con urgencia el paquete de trabajo cuatro sobre los derechos y trámites durante la audiencia, ya que es un momento en el que el menor debe adoptar importantes decisiones como, por ejemplo, conformarse con la petición del fiscal.