Roberto Martínez Lacoba, Universidad de Castilla-La Mancha; Francisco Escribano Sotos, Universidad de Castilla-La Mancha y Isabel Pardo García, Universidad de Castilla-La Mancha

Los pensionistas han reclamado en las últimas fechas que su pensión se revalorice de acuerdo con el IPC y que esta sea, como mínimo, de 1 080 euros. Protestas derivadas de la difícil situación de muchos jubilados para llegar a final de mes.

Imaginen aquellos mayores dependientes que requieren aún más cuidados y que no disponen de plaza en residencias públicas ni poder adquisitivo para costearse una privada. Eso sí, poseen una vivienda que tiene un gran valor económico y que, en principio, no pueden convertir en dinero disponible para atender sus necesidades inmediatas sin tener que abandonarla.

Sin embargo, la realidad es otra. Existen alternativas financieras que pueden permitir mejorar el nivel de ingresos de las personas mayores manteniendo el uso de la vivienda hasta su deceso. Una de ellas es la hipoteca inversa. ¿Es la hipoteca inversa una solución real para nuestros mayores? Si esta operación fuese ofertada por el Estado, se podría paliar, además, otro problema. El de la falta de vivienda.

Hipoteca inversa y vivienda pública

La solución podría venir de este instrumento financiero, hasta el momento muy poco utilizado, que surge con un componente financiero y social.

El Banco de España define la hipoteca inversa como “un crédito o préstamo garantizado con una hipoteca que recae sobre la vivienda habitual, concedido, de una sola vez o a través de prestaciones periódicas, a una persona que debe ser mayor de una determinada edad –a partir de 65 años– o acreditar un grado de discapacidad (igual o superior al 33%) o dependencia (dependencia severa o gran dependencia), no siendo exigible su devolución hasta el momento de su fallecimiento”.

Un ejemplo. Un jubilado con una pensión de 800 euros podría complementarla con otros 605 mensuales ingresados por las administraciones. A cambio, el Estado tendría la posibilidad de disponer, en última instancia, de la propiedad de la vivienda. A la muerte del titular, los herederos son los que deciden si recuperan la casa abonando la deuda con las administraciones o que pase al parque público de viviendas.

España es un país con un alto índice de propiedad privada de viviendas. En especial entre el grupo de personas mayores de 65 años (el 89,6% tiene una vivienda en propiedad, según el INE). Este dato convierte la hipoteca inversa, como instrumento financiero vinculado a la vivienda, en un elemento clave. Con ella se pueden desarrollar alternativas financieras a las necesidades de servicios de las personas mayores dependientes, así como la posibilidad de ofrecer una vivienda digna a gran parte de la población.

Sin embargo, el desarrollo de la hipoteca inversa, regulada ya en 2007, es marginal en nuestro mercado financiero. La Fundación de Estudios Financieros indica algunos motivos que explican el bajo desarrollo del producto en nuestro país. Entre ellos destaca:

• La inmadurez del mercado,

• La propia complejidad del producto,

• La influencia de la crisis inmobiliaria y del mercado de la vivienda,

• Los problemas relacionados con la herencia,

• Los gastos y seguros de la operación

• Y las posibles reclamaciones y riesgos que dañan la imagen y la reputación de las entidades.

Intervención del Estado y Finanzas Públicas

Proponemos un modelo teórico que permita liberar el capital de la vivienda mediante la intervención del Estado. Esto tendría un doble efecto:

• Por un lado, con la liberación de capital mediante la hipoteca inversa se generan recursos para financiar los servicios de dependencia y aumentar el nivel de ingresos de la población mayor.

• En segundo lugar, convierte a las administraciones públicas en posibles gestores de un parque de vivienda pública. Este parque puede ir destinado a fines sociales mediante políticas de ayuda a la vivienda de jóvenes u otro tipo de modelos alternativos de vivienda de mayores como el cohousing, donde se comparten gastos por servicios comunes.

Es evidente que también debería evolucionar la mentalidad actual. En nuestra sociedad está arraigada la idea de dejar en herencia la mayor cantidad de bienes a los hijos. No ocurre así en los países anglosajones, donde la hipoteca inversa sí tiene una mayor aceptación. Pero es muy posible que, si preguntáramos a los hijos de estas personas mayores, ahora más que nunca necesitadas de recursos y atención, preferirían que esa vivienda, el fruto del trabajo de sus padres, redundara en su bienestar inmediato. Eso sí, que fuera el Estado el que asumiera esa condición de gestor podría ayudar a eliminar muchos de los prejuicios sociales que hacen que la hipoteca inversa no sea utilizada como en otros países.

Uno de los retos a los que debemos dar respuesta en este siglo XXI es el envejecimiento de la población y los cambios en la estructura familiar. Esto exige poner en primera línea política la necesidad de atender a los mayores y a las personas dependientes.

En los próximos años, el mayor número de personas en edad de jubilación cobrando una pensión, el incremento de personas mayores dependientes que necesitan de servicios cada vez más profesionalizados y la poca disponibilidad de vivienda pública para una demanda cada vez mayor de personas jóvenes y mayores, obligarán a tomar medidas valientes y novedosas a los gestores políticos.

Roberto Martínez Lacoba, Profesor Asociado, Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Castilla-La Mancha; Francisco Escribano Sotos, Profesor de Economía Financiera, Universidad de Castilla-La Mancha y Isabel Pardo García, profesora de Politica Económica, Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.