Este artículo de opinión fue publicado en El País Materia el 16 de abril de 2020. Acceda al artículo original aquí

En estos días de debate sobre la pandemia y sobre las lecciones que podemos aprender de esta crisis, parecía haber quedado meridianamente claro el reconocimiento por parte de todos de la importancia de la ciencia y de la investigación para resolver esta situación o las similares que podamos encontrarnos en el futuro. La apuesta decidida (o no) por la investigación se pone de manifiesto por la importancia dada por los gobiernos, al menos, a dos elementos fundamentales: la financiación, y la estructura y jerarquía de gobierno que se decida para ella.

Pues bien, la estructura de gobierno ha cambiado. Y lo ha hecho en mitad de la crisis. Se ha suprimido la Comisión Delegada del Gobierno de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, que fue creada en 1963 y se había mantenido de forma ininterrumpida hasta hace unos días. El decreto ley del 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, mediante su disposición final tercera, modifica la ley de la ciencia 2011 y elimina el artículo 41 que regulaba esta comisión, el cual queda sin contenido.

La comisión referida ha sido el órgano colegiado del Gobierno de España encargado de llevar a cabo la planificación, coordinación y el seguimiento de la política científica, tecnológica y de innovación de nuestro país. Los artículos 42 y 43 de esta ley otorgan también competencias a la extinta Comisión Delegada del Gobierno, entre ellas, establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desarrollo del Plan Estatal, así como elevar al Gobierno las propuestas de los Planes Estatales de Investigación e Innovación, para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales. No parecen atribuciones menores, desde luego. Por tanto, con esta supresión, se quedan en el limbo normativo competencias importantes y vitales para nuestro sistema de I+D+i.

Conviene recordar que el actual Plan Estatal es el principal instrumento de la Administración General del Estado para el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y de la Estrategia Europa 2020. Hasta el momento el Gobierno no ha aclarado quién asumirá ahora las competencias de la comisión eliminada referidas al establecimiento de los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan Estatal de I+D+i, otorgadas por los artículos 42 y 43 de la Ley, los cuales no han sido eliminados por el decreto ley del 17 de marzo.

¿Quién coordina?

Claramente la ciencia ha salido perdiendo con esta decisión porque se ha eliminado la estructura del Gobierno encargada de asegurar que las labores científicas y tecnológicas del poder ejecutivo se coordinen adecuadamente a fin de proporcionar el mayor beneficio posible a la sociedad. Y muy posiblemente de esta decisión, también se vea negativamente afectada la financiación. Con la supresión de este órgano ya no se sentarán en la misma mesa, bajo la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Ciencia e Innovación y la ministra de Hacienda. Y todos podemos suponer, aún más que hasta la fecha, lo que ello significará.

Creo que no es acertado suprimir esta comisión, pero menos acertado ha sido suprimirla en este momento. En un momento en el que parecía haberse llegado a un consenso de Estado sobre la importancia que la investigación tiene y tendrá para España. Ahora que creíamos que la ciencia, la investigación y la innovación eran áreas prioritarias para cualquier gobierno de nuestro país, posiblemente se haya eliminado el órgano de coordinación de más importancia para las circunstancias que vivimos, en el momento más inoportuno. Pero lo peor no es esto. Lo peor, para los investigadores, al menos para mí, es que una vez más vuelve a tener lugar, en relación con la investigación, una falta aplastante de coherencia en la acción de gobierno, entendiéndose la coherencia como la actitud lógica o consecuente con los principios que se profesan, o que se aparentan profesar.

“Con la supresión de este órgano ya no se sentarán en la misma mesa, bajo la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Ciencia e Innovación y la ministra de Hacienda. Y todos podemos suponer, aún más que hasta la fecha, lo que ello significará”

No he visto, ni he leído desde el 18 de marzo pasado, ni una sola explicación por parte del Gobierno que pueda justificar la decisión de suprimir la comisión delegada a la que se venía haciendo alusión. Ni de momento se atisba la creación de un nuevo órgano con el peso del suprimido, que contaba con la presencia de una vicepresidenta y once ministros, y que además se había intentado proteger regulándolo por medio de una Ley. Todo esto genera confusión, desánimo y falta de confianza.

Sean cuales fueren las posibles razones para su eliminación, sinceramente creo que en estos momentos debe dar igual, y yo, al menos, no soy capaz de adivinar cuál puede ser la justificación, si es que la hubiera, para tal supresión. Con el ánimo de buscar una explicación a lo sucedido, podría pensar que esta función de coordinación de la política científica del gobierno otorgada desde 1963 a la Comisión Delegada ahora desaparecida, la va a desempeñar el órgano paritario de coordinación propuesto en un real decreto aprobado el 28 de enero para cohesionar y coordinar en materia de investigación a los ministerios de Universidades y Ciencia e Innovación, resultantes de la división en dos del antiguo Ministerio de Investigación, Innovación y Universidades. Órgano paritario, por cierto, modificado en su composición antes de su puesta en marcha, también por el real decreto 454/2020 , incluyéndose en esta estructura de coordinación de la administración también al Ministerio de Sanidad. Francamente creo que los dos órganos no son comparables, ni en competencias, ni en composición. Aunque es cierto que en esto último podrían llegar a igualarse si a partir de ahora, por medio de sucesivos reales decretos se incluyera en su composición a todos los miembros del ejecutivo con los que contaba la comisión delegada eliminada; una vicepresidenta y once ministros.

Lamentablemente no vamos aprendiendo de la pandemia, pero tampoco hemos aprendido de nuestros abuelos. Es indudable que los recursos son limitados y que establecer prioridades y tomar decisiones forma parte de las acciones de gobierno. Pero precisamente es en épocas de crisis y de escasez, como lo hacían nuestros antepasados, demostrando una enorme generosidad intergeneracional, cuando más hay que apostar por la educación y el conocimiento. De esta apuesta depende nuestro futuro. Este futuro únicamente se puede diseñar y construir apostando por la investigación, la salud y la educación. Quiero pensar que aún estamos a tiempo de rectificar y elegir el camino correcto.

José Julián Garde López-Brea es catedrático de Universidad. Universidad de Castilla-La Mancha y académico de Número de las Reales Academias Nacionales de Ciencias Veterinarias y de Doctores de España.