Acceso a la información pública

Es el derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en la Constitución artículo 105.b), garantizando a los ciudadanos la posibilidad de llevar a cabo consultas sobre datos e información pública.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.

El derecho de acceso se ejercerá con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho, concretando sus solicitudes de la forma más precisa posible, accediendo a la información sin que se vea afectado el normal funcionamiento de los servicios públicos y respetando las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico para la reutilización de la información obtenida.

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Universidad de Castilla-La Mancha y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

• Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
• Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
• Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
• Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
• Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

La resolución en la que se inadmita la solicitud deberá ser motivada y notificada al solicitante en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

El plazo máximo de resolución de la petición será de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la Universidad pudiendo ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

En estos procedimientos el transcurso del plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá efectos desestimatorios.

Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o, en su caso, ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, de conformidad con lo previsto en art. 64 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.

En el siguiente enlace usted podrá presentar una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Formulario Reclamaciones del CTBG

• Gestión de solicitudes de acceso a la información pública (PDF)